¿Qué ocurre en los Juzgados de Orihuela?
(Escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial)
JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO UNO
DE ORIHUELA
(Civil, antiguo instancia seis)
Autos núm.: 464/95
Asunto: MENOR CUANTÍA
Demandante: Francisco Cartagena Martínez
Procurador: Mínguez Valdés
Demandado: Manuel Hernández Illán
Procuradora: Araceli Devesa Partera
I
“El pasado 17 de Octubre de 2008, Doña ARACELI DEVESA PARTERA presentó un
escrito con tres alegaciones en ese Decanato cuyo primer punto rezaba:
“De entrada me ratifico en el escrito que mis mandantes presentaron en ese Juzgado el pasado 1 de junio de 2007, reiterado por otro de fecha 19 de noviembre de ese mismo año. La cuestión que viene siendo denunciada en los mencionados escritos está centrada en determinar, y en su caso subsanar, definitivamente en la correspondiente resolución aclaratoria los verdaderos y exactos linderos de las cuatro parcelas que fueron adjudicadas por ese Juzgado a las partes del presente litigio mediante auto de 18 de octubre de 2000. (Fundamento jurídico: Art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
¡¡PRONTO HARÁN 13 AÑOS que, el 19 de noviembre de 1998, el Perito JOSÉ JOAQUÍN FERRER GARCÍA, nº 2241 del Colegio de Arquitectos Técnicos de Alicante, compareció, aceptó y juramentó el cargo de PERITO ARQUITECTO JUDICIAL para el que fue designado para emitir el correspondiente informe de partición!!
El 5 de febrero del 99, el perito hace entrega de un informe incompleto, ya que las parcelas resultantes de la partición “aparecen en el informe pericial sin linderos”.
El 9 de agosto el Registrador de la propiedad califica la no admisión del
informe por no atenerse a lo establecido en la Legislación urbanística y la Ley
hipotecaria.
El 22 de febrero la Sra. Juez Martínez Sánchez emite Providencia para que el 1.3.2000, el Perito aporte informe de adición.
El 28 de febrero de 2000, el Perito, CONTRADICIENDO SU PRIMER INFORME, presenta al Juzgado el informe de adición con los puntos cardinales totalmente transpuestos.
El 18 de octubre de 2000, la Sra. Juez María Teresa Martínez Soto emite una Resolución que reproduce íntegro el error del Perito Judicial, JOSÉ JOAQUÍN FERRER GARCÍA.
El 3 de mayo de 2001 se inscriben en el Registro de la Propiedad las fincas resultantes de la división, trasladando allí el error del Perito Judicial y el error añadido de situar la parcela A1 atribuida a Manuel “ENTRE LAS CALLES JERUSALÉN, ALARCÓN Y LOPE DE VEGA”!
La inscripción se hace en base a “certificación expedida el 29 de marzo de 2001 por doña Beatriz Calvo Lluch, Secretaria-interventora del Ayuntamiento de Redován y el testimonio del auto judicial expedido el 16 de febrero de 2001 por doña Rosario Collado Bueno, Secretaria del Juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de Orihuela.
Las pesquisas para obtener del ayuntamiento de Redován copia de la certificación municipal de división de parcela duraron más de tres años, sin resultado efectivo, puesto que el expediente, según se afirmó por la nueva Secretaria, Dña. Asunción Fernández Campillo, “ no consta en Secretaría dado el deficiente estado del archivo municipal…”. Beatriz Calvo Lluch prefirió alejarse o fue desplazada a otro destino.
II
Si el perito judicial, José Joaquín Ferrer García, hubiera realizado su trabajo con el rigor que le exigía su cargo y su juramento, habría constatado:
1.- Que la parcela que se dividía contenía dos casas (números 93 y 95 de la calle Jerusalén) que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad en el lugar adecuado, la finca registral 1611; así pues lo habría consignado en su informe en vez de afirmar que la parcela que se divide es “un terreno sin construcción alguna”, lo que no cuadraba con la realidad.
2.- También habría consignado en el informe que los 236 m2 de la esquina Jerusalén-Lope de Vega (nº 91 de la calle Jerusalén), figuraban catastrados a nombre de la empresa María Ros, que se los había apropiado junto a los 300 m2 de los números 93 y 95 colindantes y el resto de la finca 1611.
3.- Que, por los 430 m2 de la finca situada en el nº 5 de la calle Lope de Vega, pagaba, y paga el IBI municipal el Sr. Pedro Martínez Gómez. Es decir que, con el aval del perito judicial, se nos adjudicaron dos parcelas con problemas de propiedad.
4.- Finalmente, las parcelas A1 y B1 que nos han correspondido, tienen respectivamente 61,05 m2 y 55,72 m2 menos que lo atribuido en sentencia, como queda probado por la medición de las parcelas realizadas por un Ingeniero Técnico Agrícola.
Con toda evidencia, el perito judicial ha realizado sus informes “de oídas”, sin personarse en el terreno y sin averiguar con meticulosidad en el Ayuntamiento, el Catastro y el Registro de la propiedad, el estado real de la parcela que dividía. El hecho estrafalario que ha llevado a nuestro ilustre arquitecto a tenerse que apoyar en las “nuevas tecnologías” para averiguar la situación del terreno de marras (¡dato gráfico que figura hace siglos en todos los planos de la zona, si es que no bastase observar la trayectoria del sol!) merecería el premio gordo a la estulticia, si no fuese por los incalculables daños y perjuicios, tanto físicos como morales que continua causando su insensata chapuza.
Nuevo cambio de Magistrado Juez
Las correcciones del perito Judicial resultaron ser como el “parto de la burra”. El 9 de marzo de 2009, la nueva Magistrado-Juez, Sra. María del Mar Azuar Fernández emite la siguiente PROVIDENCIA:
“Visto el escrito presentado por la procuradora Sra. Devesa Partera, actuando en nombre y representación de D. Manuel Hernández Illán y Dña. Mª. Medina Martínez y con carácter previo a designar, en su caso, un nuevo perito, dése traslado de nuevo al perito judicial D. José Joaquín Ferrer García, (junto con la documentación aportada) a los efectos de aclarar la incongruencia observada en sus dos informes anteriores, de fechas 22/01/99 y 28/02/00 y no resuelta en su tercer informe de fecha 14 de abril de 2008. La divergencia, como manifiesta la parte, es más que evidente…”. Sigue la descripción comparativa de los dos primeros informes…
El 6 de septiembre de 2010, tomamos conocimiento de la siguiente PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADO-JUEZ ILTMA. SRA. NURIA ROMÁN JURADO:
(¡Una vez más hemos cambiado de Juez! Lo que, obligadamente, influye negativamente en la justa y pronta solución de los litigios)
“Dada cuenta, por presentado el anterior escrito por el Procurador Sra. Mínguez Valdés, únase a los autos de su razón y aportando en el mismo nuevo domicilio del perito Don José Joaquín Ferrer García en la ciudad de Valencia, remítase exhorto para que comparezca ante los Juzgados de esa ciudad a fin de ratificarse en su informe pericial.”
A primera vista, nada más normal. Se trata de la Providencia de una Magistrado-Juez que da cuenta del escrito de una procuradora, la cual aporta el nuevo domicilio en Valencia de un perito que resultaba ilocalizable, JOSÉ JOAQUÍN FERRER GARCÍA.
El 19 de octubre, el perito ratifica en Valencia su dictamen emitido el día 4 de mayo de 2009 y la Sra. Juez, Nuria Román Jurado, nos lo hace saber mediante Providencia el 2 de noviembre de 2010.
El 16 de noviembre nuestra procuradora, Sra. Araceli Devesa, registra el siguiente escrito: “Que habiéndose ratificado el perito judicial designado por ese Juzgado en el informe de revisión de linderos de fecha 4/5/2009, que parece corregir las incongruencias observadas y denunciadas por esta parte en los informes emitidos por ese perito en fechas 22/01/99, 28/02/2000 y 14/04/2008 y de la Providencia de ese Juzgado notificada a esta parte el 9 de marzo de 2009, proceda a dictar la correspondiente resolución que aclare el Auto de fecha 18 de octubre de 2000.”
El 9 de febrero 2011, ante el prolongado silencio, recordamos: “Que visto el tiempo transcurrido sin que se haya proveído nuestro escrito presentado el 16/11/2010, interesa a esta parte el proveído del mismo, a los efectos de dar al procedimiento el correspondiente impulso procesal y evitar dilaciones indebidas.”
Las cosas no podían estar más claras: Se pedía, y continuamos pidiendo, una nueva resolución que corrija la de la Sra. Magistrado Martínez Soto, en la que se plasmaron las incongruencias al fin corregidas por el perito judicial José Joaquín Ferrer García, gracias, eso sí, “a las nuevas tecnologías.”
Parece ser que la Sra. Magistrado Juez, Nuria Román Jurado, no lo ve tan claro como la Sra. Magistrado que la precedió, María del Mar Azuar Fernández, porque, mediante providencia de 28 de marzo 2011, notificada el 4 de abril, se nos solicita que “manifestemos cuales son las incongruencias observadas en los informes del perito.”
¡¡Ejemplo claro de pescadilla que se muerde la cola!!
CONCLUSIÓN:
En ausencia de esa Resolución Judicial necesaria para aclarar definitivamente lo que se nos adjudicó por sentencia firme, nos vimos obligados a recurrir a un Notario para que, aportando sentencias, certificado catastral y último informe pericial ratificado, se emitiese “ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN DE LINDEROS”. Este documento ha sido determinante para que el Registro de la Propiedad corrija los errores que figuraban en la inscripción. Ya están corregidos en ese importante sitio, pero el Catastro no tiene las cosas claras: La Gerencia Catastral no es quien para sustraer de las parcelas A1 y B1 61,05 m2 y 55,72 m2 que me correspondieron por sentencia, ni para responder con el silencio ante nuestra reclamación para que se nos reconozca el derecho sobre los 433,72 m2 de la parcela B1.
De haberse emitido la deseada RESOLUCIÓN JUDICIAL, no habría sido necesario recurrir al notario.
¡¡RESOLUCIÓN JUDICIAL YA!!
Este escrito fue remitido a numerosos organismos públicos y aquí tenemos algunas de sus respuestas: